Europa cambia las reglas para mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública

Las pymes tendrán más acceso a los contratos públicos, que representan un 18% del PIB.

Los contratos públicos representan un 18% del PIB de la UE, un suculento pastel que a partir de ahora estará más alcance de las pymes, gracias a tres nuevas directivas que se acaban de publicar en el Boletín Oficial de la Unión Europea. En menos de dos años (el plazo estipulado para que las adopten todos los países miembros) estarán vigentes en España. Entre las ventajas para las pymes podemos mencionar:

Menos burocracia
Las empresas licitadoras podrán presentar sus propuestas a través de un Documento Único Europeo de Contratación basado en una declaración formal del empresario. El cambio está en sintonía con la nueva legislación para impulsar la factura electrónica en Europa, que será obligatoria en el sector público a partir de 2015. Un informe de la Comisión Europea apunta a que la nueva forma de acceso a las licitaciones permitirá reducir las cargas administrativas en un 80%.

División de contratos en lotes
“Los poderes adjudicadores deben dividir los contratos más voluminosos en lotes más pequeños para fomentar la participación de las pymes. Incluso se podrá limitar el número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador”, explica Tessa Cabré.

Requisitos de capacidad menos exigentes
La directiva pone límite también a las exigencias de capacidad económica y financiera, que no podrá ser superior al doble del valor estimado del contrato (o de cada uno de los lotes en los que esté dividido).

La nueva normativa reduce la burocracia de acceso a las licitaciones y reduce las exigencias de capacidad financiera de las aspirantes

Freno a las ofertas muy bajas y a las subcontrataciones
Las nuevas directivas introducen más controles para evitar ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos a nivel técnico, económico o jurídico. E impulsarán el pago directo a los subcontratistas.

Más proyectos basados en una mejor relación calidad-precio
En las futuras adjudicaciones se primarán más aspectos medioambientales, sociales y de innovación frente al precio. Así, tendrán prioridad aquellos que hayan comprado material fabricado en procesos de producción medioambientales, que no utilice productos químicos tóxicos, que trabaje con maquinaria más eficiente desde un punto de vista energético o que emplee a un mínimo de discapacitados.

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